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En el curso de los años 90 con la divisa de la paz y con apoyo en la experiencia de la convocatoria mediante la movilización ciudadana de la ANC de 1991 y en los enunciados constitucionales sobre soberanía popular y formas de democracia directa, se sucedieron cabildos abiertos, plebiscitos, consultas, votaciones ciudadanas expresando un mandato por la paz, declaratorias de territorios y de comunidades de paz, de zonas humanitarias y varios procesos constituyentes municipales y departamentales, entre otras experiencias. Tales experiencias han recurrido a mecanismos legales o extralegales, pero con iniciativa desde la misma población y con el concurso en ocasiones de determinadas autoridades. El discurso constitucional se popularizó bajo el concepto de ejercitar “formas de soberanía popular”, al punto que en varias experiencias municipales se declararon de forma simbólica -pero también con mecanismos reales de participación e incidencia ciudadana- “constituyentes de paz” y exigencias perentorias de respeto a la población civil por parte de los contendientes del conflicto armado. 

La política de paz debe partir del derrotero constitucional 

Aún con la ambivalencia de un proceso que quedó entre una guerra inconclusa con respecto a varios de sus actores y una paz parcial, la sociedad y el Estado en Colombia asumieron un cambio determinante en lo relativo al logro de una apertura democrática en el sistema y el régimen político, no obstante limitaciones en su vigencia e implicaciones efectivas, de forma que el Estado se transformó y en buen grado se relegitimó mientras la lucha armada perdió en gran medida justificación y respaldo. Sobrevino así una posición crítica desde la sociedad frente a las partes enfrentadas en la guerra interna, que les reclamó reanudar diálogos y negociaciones pero que a su vez reivindicó la posibilidad de construir procesos de paz desde la movilización ciudadana y los compromisos institucionales y gubernamentales, de manera que se profundicen las medidas tendientes a superar los motivos del conflicto y conseguir la realidad de un régimen sustentado en postulados democráticos. 

En la actualidad, una vez que no se pudo terminar el conflicto armado por la vía militar después de una década empeñada en lograrlo, a pesar de la deslegitimación y los golpes militares sufridos por las guerrillas ante el rechazo ciudadano a muchas de sus actuaciones y ante los operativos militares oficiales, reaparece bajo el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos la búsqueda de una respuesta en términos de política de paz. El sólo esfuerzo militar se revela insuficiente e inadecuado y hay conciencia de que intentar una derrota militar definitiva de las guerrillas implicaría aún más altos costos humanos, institucionales, presupuestales, materiales, sociales, políticos y culturales, con las negativas consecuencias de distinto orden y de mediano plazo que ofrece la perspectiva de la guerra y la violencia. 
 
Consolidar la paz es un asunto complejo que requiere del Estado, el gobierno nacional, las autoridades territoriales, las corporaciones públicas y el conjunto de la sociedad una agenda interrelacionada con asuntos sociales, garantías efectivas y recuperación institucional bajo los preceptos constitucionales y formas de gobierno y de gestión pública con transparencia. A pesar del definitivo avance Constitucional no se han superado de manera general los factores de violencia estructural, ni se han conseguido pactos de paz con las guerrillas que persisten en el alzamiento (FARC y ELN), ni se ha superado integralmente el fenómeno paramilitar y persisten dinámicas de ilegalidad y violencia que revisten incidencia institucional y social en distintas regiones. 

La aplicación de la Carta implica el programa de modernización democrática que entraña el tratado de paz esbozado por la ANC, pero requiere desarrollo y construcción, como proceso que ha tenido logros sustantivos a pesar de la persistencia de expresiones de guerra civil desde la insurgencia, con niveles históricos de arraigo campesino, y desde sectores asociados con las AUC en torno al fenómeno narco-paramilitar, con connivencia de sectores de la fuerza pública y apoyo o participación de sectores de élites regionales. Y a pesar también del reciente proyecto gubernamental del presidente Uribe de consolidar un régimen autoritario con negativas alteraciones a la Constitución que debilitó instituciones y confrontó ramas del poder público, en especial por los ataques del ejecutivo a la justicia, dada la reacción de esta rama del poder público a tono con el Estado de derecho, desde altas cortes y algunos entes, ante las graves expresiones de criminalidad, trasgresión de los derechos humanos y desbordes de corrupción. 

En consecuencia, la política de paz actual debe afirmarse con base en la recuperación de la vigencia del Estado Democrático y Social de Derecho, con relación a las demandas de respeto a los derechos humanos y atención a los derechos de las víctimas, siendo ellas y sus organizaciones protagonistas de primera línea, y considerando la resolución política del conflicto armado con las guerrillas que persisten en las hostilidades. La agenda actual de la paz implica una serie de compromisos y existe consenso en reconocer que no se limita ni su asunto central en la actualidad es el de eventuales acuerdos con las FARC y el ELN, por cuanto ha cambiado ostensiblemente el contexto, la representatividad y el mismo carácter y posibilidad histórica que tuvo en su origen la insurgencia. Además, no es viable ahora pretender “la maduración del conflicto” para resolverlo en términos del escalamiento militar sino que corresponde hacerlo desde las condiciones institucionales, políticas y sociales relacionadas con superar sus causas, adoptando desde la sociedad y el Estado el proyecto constitucional orientado a la equidad social, la inclusión y el respeto a las garantías y derechos fundamentales consagrados.